Llevamos más de una década escuchando la misma frase: el modelo de financiación autonómica se reformará el año que viene. Y el año que viene llega, pasa y vuelve a aplazarse. Entretanto, la Comunitat Valenciana sigue recibiendo por habitante menos recursos que la media, con la misma población que atender y los mismos servicios que sostener.
No es una queja identitaria ni un agravio inventado para el consumo interno. Es aritmética. Cuando un territorio aporta por encima de su peso y recibe por debajo de su población, el diferencial no desaparece: se paga en listas de espera, en aulas masificadas y en carreteras secundarias que nadie arregla.
El coste de no decidir
La política tiene una forma cómoda de gestionar los problemas difíciles: convertirlos en comisiones. Pero cada año de retraso tiene un precio medible. La deuda acumulada por infrafinanciación no se evapora con el cambio de gobierno; se hereda, se refinancia y limita el margen de quien venga después.
Un modelo que exige a las comunidades prestar los mismos servicios con recursos distintos no es un modelo: es un reparto de suerte.
Qué debería exigir la sociedad civil
Durante mis años al frente de la Cámara aprendí que los acuerdos duraderos no nacen de la confrontación permanente, sino de datos compartidos. Antes de discutir el reparto conviene acordar el diagnóstico: cuánto cuesta realmente atender a un ciudadano en sanidad, educación y dependencia en este territorio.
A partir de ahí, la negociación deja de ser un pulso simbólico y pasa a ser lo que siempre debió ser: una discusión técnica con consecuencias políticas, y no al revés.
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